En la Sentencia C-666 de 2016, la Corte Constitucional reconoció la existencia de una omisión legislativa por la falta de un estatuto de profesionalización docente diferencial que estableciera un régimen especial para educadores de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esto permitiría a estas comunidades ejercer su autonomía en materia educativa y proteger y promover su identidad cultural.
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